Según las informaciones filtradas a los medios, el Ministerio de Justicia está preparando una nueva Ley de Mediación y Arbitraje que tiene como objetivo potenciar la resolución de conflictos para evitar que éstos lleguen a los tribunales, y rebajar así la carga de trabajo de los juzgados. Esta norma, que el Consejo de Ministros aprobará durante el primer trimestre de 2010, previsiblemente el mes que viene, tendrá un contenido civil y mercantil, pero no penal, ya que la mediación en esta materia se regulará más adelante, cuando se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así lo manifestó en un seminario sobre la modernización de la Justicia organizado por la Fundación Ortega y Gasset, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo.

Tras recordar que la futura Ley de Mediación forma parte del Plan de Modernización de la Justicia y también se enmarca en la estrategia de economía sostenible que impulsa el Gobierno, Campo explicó que el Ejecutivo quiere aprovechar la trasposición de la directiva europea sobre este asunto para fomentar la búsqueda de soluciones alternativas a los tribunales "en otras materias que se presta muy bien al ámbito de la mediación".

El secretario de Estado de Justicia detalló que la nueva norma tendrá "contenido mercantil y fundamentalmente civil" y que la aplicación de este concepto en la jurisdicción penal se incluirá en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su lado, durante su última visita al País Vasco, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que la nueva Ley de Mediación y Arbitraje se remitirá al Parlamento "en febrero" y permitirá consolidar la figura de los jueces de paz como eje estratégico para reducir el creciente volumen de asuntos que han entrado en juzgados y tribunales durante los últimos años. "

En el segundo trimestre de 2010, el Gobierno tiene previsto aprobar la modificación de la Ley de Procedimientos Laborales y de tutela de los Derechos Laborales, que data de 1995, y entre junio y septiembre hará lo propio con el proyecto de reforma integral de la Ley Concursal.