El arbitraje se afianza como instrumento de prevención  de impagos en el alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid. Es una de las conclusiones a las que se pudo llegar durante la I Jornada de Arbitraje Inmobiliario, celebrada el pasado martes en el centro Caixa Forum de la capital madrileña. El encuentro contó con la presencia de la presidenta Esperanza Aguirre, así como con la de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño y el presidente del Consejo Arbitral del Plan Alquila regional, Manuel Jiménez de Parga.

De la cifra total de los arbitrajes inmobiliarios efectuados el año pasado, un 36% se desarrollaron en la Comunidad de Madrid. En la región se ha impulsado esta vía al incluirla en el Plan Alquila: de cada tres contratos, uno incluye cláusula arbitral. El resultado es que se ha reducido la litigiosidad a tres casos de mil. De 20.000 contratos firmados, se han producido 62 demandas, de las que sólo cinco han precisado de ejecución de laudo. Pero disminuir la conflictividad entre las partes no es su única ventaja.

Durante el evento también se destacó el breve período de tiempo que supone el dictado de un laudo (entre 30 y 40 días) frente a los seis meses o el año que puede tardar la justicia ordinaria. Una rebaja de tiempo que redunda a su vez en una reducción de costes. El laudo, además, es equivalente a una sentencia y  tiene carácter definitivo. "El arbitraje es, por tanto, un mecanismo eficaz y flexible que proporciona soluciones prácticas y rápidas para las partes", insistió Aguirre.

A lo largo del acto se incidió en que la rapidez del arbitraje no es a costa de la seguridad jurídica, que sirve para descongestionar y mejorar la marcha de los juzgados, garantiza la confidencialidad y, en definitiva, es una experiencia menos traumática para las partes.